GINEBRA | Expertas de la ONU* condenaron hoy la remoción del cargo del Juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, la más reciente represalia por su participación en una audiencia pública de un mecanismo regional de derechos humanos.

“Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales”, afirmaron las expertas Gina Romero y  Margaret Satterthwaite

“Nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país”.

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Durante la audiencia titulada “Situación de la independencia judicial en las Américas”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024, el juez Oswaldo Ordóñez, presidente de la Sala Primera de lo Constitucional de Lima, intervino en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) y de miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), abordando el estado de independencia de los órganos del sistema judicial en Perú.

La semana pasada, durante la úlitma etapa del proceso de evaluación periódica y ratificación del juez Ordóñez en su cargo, se le plantearon preguntas sobre su participación en la audiencia. “Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo”, afirmaron las expertas.

Las Relatoras Especiales observaron con preocupación que esta decisión se produjo después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciara una investigación preliminar de oficio sobre su participación en dicha audiencia de la CIDH, a raíz de la denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025, casi un año después de los hechos.

“Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, dijeron las expertas.

Las Relatoras Especiales instaron a Perú, y en particular a la JNJ, a cumplir con las normas de derechos humanos sobre la independencia del poder judicial.

“Las y los jueces no deben ser objeto de enjuiciamiento ni de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por ninguna acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, dijeron.