Tras la masacre de 13 trabajadores en Pataz, organizaciones que conforman el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) pidieron el cierre inmediato del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“La minería ilegal es hoy una de las mayores amenazas para la seguridad nacional (…) exigimos que el REINFO culmine de manera definitiva el presente año, sin iniciativas legislativas que promuevan sus prórrogas innecesarias”, señalan.

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Las organizaciones sostienen que el Reinfo, creado para facilitar la transición de la minería informal a la formal, ha sido utilizado por operadores ilegales para acceder a recursos y equipos, incluyendo explosivos, que facilitan sus actividades delictivas.

Por ello, consideran que este registro no debería continuar más y que el anuncio hecho por la presidenta Dina Boluarte de excluir a los mineros suspendidos del Reinfo no debe ser levantada a posterioridad.

“En el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) solo deberían quedar de manera inmediata los mineros vigentes quienes deben terminar su proceso de formalización”, indican.

En su pronunciamiento, incluyen 10 propuestas para la formalización efectiva de la pequeña minería y minería artesanal, que incluyen la diferenciación específica entre mineros, mayor fiscalización y medidas contra la corrupción.

“Estos asesinatos en Pataz es un llamado urgente a la acción. Es fundamental que el Gobierno del Perú adopte medidas inmediatas y efectivas para combatir la minería ilegal”, indican las organizaciones.

“Solo con un compromiso firme y acciones concretas se podrá garantizar la paz, el derecho al trabajo y el bienestar de la población”, agregan finalmente en su mensaje.

El pronunciamiento es firmado por la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN), Conservación Amazónica (ACCA), el Instituto de Bien Común (IBC), Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú), entre otros.

Previamente, el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené también exigió la derogatoria de la Ley 32213 que establece la ampliación del plazo del Reinfo y la Ley 32108 que debilita lucha contra criminalidad organizada.

En tanto, la Red Muqui calificó al Reinfo como un "fracaso institucional ha permitido que la minería ilegal se consolide como la principal economía ilícita del país, dejando a su paso violencia, contaminación y muerte".

Asimismo, propusieron una respuesta estructural mediante la Agenda Nacional para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que presentaron en diciembre del 2024 en base en cinco pilares:

    La creación de una política pública específica y diferenciada para la MAPE, distinta al enfoque de gran minería

    Una formalización con enfoque integral, ambiental, de derechos y territorial, libre de mafias y redes ilícitas

    Un fortalecimiento real del rol fiscalizador de entidades como OEFA, ANA y Sunat

    La garantía de protección para defensores y comunidades afectadas

    Una estrategia nacional e intergubernamental para enfrentar la minería ilegal, priorizando zonas críticas como Pataz.