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La Junta Nacional de Justicia usurpa las funciones de la Junta de Fiscales Supremos

La pretendida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación va contra la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, al usurpar las funciones de la Junta de Fiscales Supremos

La tarde del 13 de junio, la JNJ comunicó que había procedido a rehabilitar el título de fiscal supremo titular de Gálvez Villegas y, borrar de su legajo personal, la sanción de destitución que le había impuesto el 23 de abril de 2021. Foto: Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Tomas Galvez y Patricia Benavides recientemente restituidos en sus cargos en el Ministerio Publico.
La tarde del 13 de junio, la JNJ comunicó que había procedido a rehabilitar el título de fiscal supremo titular de Gálvez Villegas y, borrar de su legajo personal, la sanción de destitución que le había impuesto el 23 de abril de 2021. Foto: Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Tomas Galvez y Patricia Benavides recientemente restituidos en sus cargos en el Ministerio Publico.

 

Tomás Aladino Gálvez Villegas y Liz Patricia Benavides Vargas se han convertido en instrumentos, de oscuros intereses políticos, para destruir y copar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación, de acuerdo con diversas fuentes judiciales. Una apreciación que, toma sustento objetivo, en la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pasando por encima de lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).

 

La Constitución y la Ley señalan que el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público es la Junta de Fiscales Supremos, integrada por los fiscales supremos titulares. "El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos".

 

Ninguna norma legal y constitucional otorga a la JNJ la facultad para elegir o destituir a un fiscal de la Nación. La JNJ destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y lo máximo que puede hacer es reponerla en dicho cargo. Fue la Junta de Fiscales Supremos la que declaró la vacancia de la fiscalía de la Nación y la que nombró a su reemplazo. Es más desde ese primera decisión han pasado dos elecciones.

 

Un cargo por votación

 

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los fiscales supremos.

 

"La JNJ no tiene el poder constitucional ni legal para reponerla como fiscal de la Nación. Es un cargo por votación (democracia interna restringida o entre pares, sólo votan los fiscales supremos titulares) la JNJ no hace las veces de juez constitucional, de modo que pueda "reponer las cosas al estado anterior", opinó el abogado Carlos Caro Coria.

 

Por su parte, el abogado César Azabache precisa: La JNJ "se ha adjudicado competencias que no le corresponden. Está pretendiendo decidir quién ocupa la Fiscalía de la Nación y eso es algo que no puede hacer ni siquiera imaginando, como ha hecho una retrotracción mecánica que quiere hacer volver el tiempo atrás".

 

"El vehículo -precisa Azabache- que intenta usar para eso es la nulidad. Pero, hace años que la nulidad no es un artículo mágico para retornar al pasado. Por vía de nulidad no es admisible que un organismo pretenda modificar situaciones que están fuera de su alcance".

 

La pretendida intención de la JNJ de reponer a Benavides como fiscal de la Nación está plasmada en una resolución que fue hecha pública, la noche del viernes, 13 de julio, por los abogados de Benavides, Jorge del Castillo y Humberto Abanto. Recién la tarde del sábado, 14 de junio, la JNJ emitió un comunicado confirmado la decisión, pero sin mayores detalles sobre los argumentos y los votos.

 

La incorporación de Tomás Gálvez

 

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Tomás Gálvez fue reincorporado como fiscal supremo titular.

 

La tarde del 13 de junio, la JNJ comunicó que había procedido a rehabilitar el título de fiscal supremo titular de Gálvez Villegas y, borrar de su legajo personal, la sanción de destitución que le había impuesto el 23 de abril de 2021. La JNJ precisó que de esta manera cumplía con la sentencia de Amparo, que el Tribunal Constitucional dictó a favor de Gálvez, el 28 de abril de 2025,  y que está en ejecución, a pedido del 10° Juzgado Constitucional de Lima. Tomás Gálvez está legalmente habilitado para reincorporarse al MP.

 

La situación de Patricia Benavides es distinta, por varios factores. Es claro, que el caso de Tomás Gálvez metió presión a la JNJ para resolver la situación Benavides, pues a fines de mayo solo había una vacante presupuestada de fiscal supremo titular.

 

 

Esa vacante será ocupada por Gálvez, con lo cual Benavides no tendría despacho al que regresar.  La Junta de Fiscales Supremos está compuesta por seis fiscales supremos titulares. Sin embargo, en agosto del 2022, Benavides trasladó el presupuesto de una de esas seis plazas para pagar el sueldo de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP).

 

Lo hizo por dos  motivos: uno cumplir con la puesta en marcha de la ANC-MP, conforme a su ley de creación, sin crear más gasto en el presupuesto público. Dos, evitar que Delia Espinoza se reincorpore a la Junta de Fiscales Supremos y que acepte ser enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), plaza que sí tiene presupuesto.

 

Así las cosas, con Gálvez ya repuesto, el 9 de junio, la JNJ cambió la segunda destitución de Patricia Benavides, por una sanción menor de suspensión por 60 días, a la vez que aceleró la revisión de la primera destitución, la de mayo de 2024. Esta segunda destitución es la que se ha resuelto el 13 de junio.
 

 

Patricia Benavides, con su abogado Humberto Abanto, en audiencia en la JNJ.

 

La JNJ pretende regresar a los hechos, como estaban el 6 de diciembre de 2023, es decir, Benavides como fiscal de la Nación y Espinoza, como representante del MP en el JNE. Un imposible a estas alturas por el paso del tiempo. De otro lado, el 3 de junio último, la fiscal de la Nación aprobó la conversión de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en despachos permanentes, con todo su personal fiscal y administrativo.

 

 

 Actual JNJ presidido por el ex-procurador aprista Gino Ríos Patio y miembos Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví y Germán Serkovic Gonzales, Rafael Ruíz Hidalgo

 

De tal manera, que hoy hay ocho plazas para fiscales supremos titulares, siete con presupuesto propio y una sin presupuesto. De esas plazas, cuatro están ocupadas por Delia Espinoza Valenzuela, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana. A este grupo, a partir del lunes, se integrará Tomás Gálvez.

 

Patricia Benavides podría ocupar una de las nuevas plazas vacantes, aunque son los despachos que tienen las investigaciones en su contra o de personajes de su entorno personal, amical y político. Más allá del tema de las plazas, está el despacho de la fiscalía de la Nación, en lo que legalmente sólo tiene atribuciones la Junta de Fiscales Supremos.

 

Pretender retroceder los hechos al 6 de diciembre de 2023 supone olvidar todo los cambios administrativos que se han producido desde ese momento. Patricia Benavides perdió la fiscalía de la Nación cuando fue suspendida como fiscal suprema titular el 6 de diciembre de 2023. En ese momento, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Juan Carlos Villena para reemplazar provisionalmente a Benavides. Al producirse su destitución, en mayo de 2024, recién la Junta eligió una nueva fiscal de la Nación.

 

De lo que se puede concluir que la pretendida decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación va contra la Ley Orgánica del MP y colisiona con la realidad. En principio, la JNJ nunca destituyó a Benavides como fiscal de la Nación. No lo podía hacer. La destituyó como fiscal suprema titular. Es la destitución, la que genera, como consecuencia, que Benavides pierda la fiscalía de la Nación. Lo único que legalmente puede hacer la JNJ es restituirla como fiscal suprema titular. La única instancia que puede decidir sobre el futuro de Patricia Benavides más allá de fiscal suprema titular es la Junta de Fiscales Supremos.
Pierde la institucionalidad del país

 

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza deberá defender la autonomía del Ministerio Público.

 

Otro detalle, que deberán tomar en cuenta, es que ella fue elegida en mayo de 2022 para un periodo de tres años, que comenzó el 1 de julio de 2022 y debía terminar el 1 de julio de 2025. Tal vez la JNJ está mirando esta circunstancia, por eso plantea la restitución como fiscal de la Nación. Pero, eso supone que regresaría a ese cargo, por lo que resta de ese nombramiento: 15 días o menos, pues se contará desde que la JNJ notifica oficialmente su decisión y restablece a Benavides en el cargo.

 

Es más, en la administración pública no se trata de poner una autoridad y sacar a otra, debe haber un periodo de transferencia de cargo. Los 15 días que restan no alcanzan para que Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. Si esto, llegara a suceder, la Junta de Fiscales Supremos, antes del 1 de julio de 2025, tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación.

 

Puede que la JNJ pretenda reconocer a Benavides el tiempo que estuvo fuera, pero otra vez eso excede sus facultades. Esa interpretación tendría que realizarla la Junta de Fiscales Supremos y ya no hay tiempo. El periodo de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ya concluyó por donde se le miré. Es imposible jurídicamente. Pero, la coalición política que respalda el regreso de Benavides quiere lograrlo por encima de la Ley.

 

Ante esta situación, según diversas fuentes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza estaría convocando a una Junta de Fiscales Supremos extraordinaria la próxima semana. Algunas fuentes hablan del lunes, 16 de junio próximo para evaluar la situación generada por las últimas decisiones de la JNJ: la restitución de Tomás Gálvez y el regreso de Patricia Benavides.

 

La Junta de Fiscales Supremos no puede renunciar a sus deberes y derechos, pues eso supondría someterse a la JNJ y renunciar a la defensa de su independencia y autonomía. En una situación como esta el Ministerio Público pierde, pero también el país pues lo que está detrás son las investigaciones al actual poder, graves violaciones a los derechos humanos y la independencia frente a las elecciones generales del 2026.

 

Fuente: La Republica

 

 

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