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Alejandro Soto, presidente del Poder Legislativo peruano, será investigado por la Comisión de Etica Parlamentaria del Congreso por tres denuncias en su contra.

Las votaciones fueron por unanimidad. Tras un proceso que incluye varias etapas, la sanción máxima que se puede recomendar contra Alejandro Soto es de 120 días de suspensión sin goce de haber
Las votaciones fueron por unanimidad. Tras un proceso que incluye varias etapas, la sanción máxima que se puede recomendar contra Alejandro Soto es de 120 días de suspensión sin goce de haber

 

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad tres denuncias de oficio para el inicio de igual número de indagaciones preliminares contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, quien afronta múltiples denuncias y cuestionamientos.

 

En un primer momento, se aprobó la denuncia de oficio contra Alejandro Soto por la contratación de la hermana de la madre de su hijo en su despacho. La votación fue a favor por unanimidad.

 

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Luego, la Comisión de Ética pasó a ver si también si se le denuncia por su voto a favor de la Ley de Prescripción y luego usarla para lograr el archivo de un proceso con esta. Esto también fue aprobado por unanimidad.

 

Finalmente, se ve el caso del presunto recorte de sueldos en su despacho y la creación de cuentas falsas por parte de su personal. Ello también se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de los 17 congresistas presentes.

 

     
 

 

 

3 denuncias

 

El primer caso que abordó la comisión fue la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre del hijo de Soto Reyes, como personal técnico en su despacho parlamentario. El segundo caso tratado está referido al voto del referido legislador a favor de la Ley 31751, que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, con lo cual se habría favorecido en un proceso judicial. El tercer caso abordado fue el referido a supuestamente haberse beneficiado con campañas a su favor a través de las redes sociales que serían financiadas con aportes de los trabajadores de su despacho.

 

 

         

 

Información previa

 

De alcanzarse los votos y, tras un proceso que incluye varias etapas, en caso llegue a un informe final, la sanción máxima que se puede recomendar es 120 días de suspensión sin goce de haber para el congresista de APP.

 

Los cuestionamientos contra el presidente del Congreso van desde una investigación fiscal por presunta concusión hasta un juicio oral por reparación civil de S/1′371.981,58 que solicitó la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A.

 

Sin embargo, según adelantó el presidente del citado grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País), se verán tres casos: la contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto, su voto a favor de la ley de prescripción que finalmente lo libró de un juicio oral por estafa y el uso de sus asesores como trolls para atacar a sus críticos.

 

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“No vamos a investigar los temas, por ejemplo, de la construcción que se hizo sin tener licencia porque fue antes de ser congresista. Eso que se investigue en el fuero que corresponda y nosotros por supuesto lo vamos a apoyar. Los cobros irregulares que supuestamente se dieron cuando fue regidor, también fue antes que fuera congresista”, señaló el martes en Canal N.

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