El Poder Judicial expresó su preocupación por la reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Gobierno de Dina Boluarte, norma que modifica diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio. 

Según la publicación, la entidad considera que la norma representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos complejos en el país. Además, señalaron que la reforma legislativa debilita severamente el subsistema nacional que, desde hace varios años, ha permitido la recuperación de bienes ilícitos, muchos de ellos no alcanzables por la vía penal.

En un extenso comunicado, la presidencia del Poder Judicial enfatizó que la figura de la extinción de dominio es una herramienta jurídica reconocida y promovida a nivel internacional. Se trata de un mecanismo que permite retirar del comercio los activos obtenidos de manera ilegal, incluso cuando no es posible procesar penalmente a los responsables, debido a estrategias como el uso de testaferros, suplantaciones de identidad o transacciones en mercados paralelos.

 “Con esta reforma, los activos ilícitos seguirán circulando libremente en el mercado, mientras que la criminalidad organizada, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico de recursos naturales, así como la trata de personas, continuarán causando muerte, dolor y zozobra en todo el país”, alertó el Poder Judicial.

Además, subrayaron que el 82.2% de los casos resueltos por los jueces del subsistema de extinción de dominio no han sido impugnados ni cuestionados por los involucrados, lo que evidenciaba la solidez de este mecanismo. Por ello, lamentaron que las observaciones jurídicas formuladas previamente por el Poder Judicial no hayan sido tomadas en cuenta durante el debate legislativo.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la defensa del sistema judicial y exhortó a las autoridades a reconsiderar la reforma. “Esta norma lesiona gravemente una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es una reforma regresiva que pone en riesgo la seguridad jurídica y la imagen del país ante la comunidad internacional”, concluye el documento.